Mentiras institucionales sobre los transgénicos

Recomendamos el siguiente artículo de Greenpeace España sobre las mentiras del gobierno de Mariano Rajoy acerca de la sostenibilidad de los cultivos de transgénicos, broche de oro a 15 años de apoyo institucional de sucesivos gobiernos.

http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/el-maz-transgnico-no-tiene-nada-de-ecolgico/blog/41142/

El maíz transgénico no tiene nada de ecológico

Blogpost por Luís Ferreirim - junio 26, 2012 en 14:16 Agregar un comentario

Un diario nacional publicó ayer algunas consignas de la respuesta que dio el Gobierno a una pregunta realizada en el Congreso por la diputada Laia Ortiz, donde se sostiene que el maíz modificado genéticamente es “una opción más respetuosa con el medio ambiente que el maíz convencional”. Todavía hay más. En esa respuesta el Ministerio añade que durante 15 años cultivando estas variedades “no se han producido incidentes de ningún tipo".

En una reunión reciente con la secretaria general de Agricultura y Alimentación, Greenpeace pidió los informes que sirven de argumento a estas afirmaciones. Realmente, ante unos cultivos tan polémicos y con tan poca aceptación de la ciudadanía (el 61 % de la población europea rechaza los transgénicos) no se pueden hacer afirmaciones de esta índole sin una argumentación de base. En esta misma reunión Greenpeace hizo entrega, al equipo del ministro Arias Cañete, de dos informes donde se demuestra que si existen incidentes, incidentes que, además, están provocando la desaparición del cultivo de maíz ecológico en las zonas donde se siembra maíz transgénico.

En los informes La imposible coexistencia  y La coexistencia sigue siendo imposible - Testimonios de la Contaminación Greenpeace demuestra con hechos que el maíz transgénico no puede coexistir con las variedades ecológicas (tampoco con las convencionales) y que la contaminación es inevitable.

Estos 15 años de experiencia son muchos años, pero los distintos gobiernos no han sido capaces de hacer un seguimiento de lo que supone la introducción de estos cultivos en nuestros campos, ni siquiera de garantizar que se aplicasen estrictamente las recomendaciones básicas de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) para evitar las contaminaciones y la aparición de resistencia a la toxina generada por este maíz en insectos.

El maíz insecticida de Monsanto, MON810, produce una toxina desde el primer momento en que la semilla germina, por lo contrario en los cultivos convencionales solo se hacen fumigaciones si se detecta la plaga. Estudios recientes (minuto 15’25’’) demuestran que una hectárea de maíz transgénico genera un kilogramo de esta toxina, cientos de veces más de lo que pueden absorber las plantas si son rociadas con insecticida con el mismo fin. ¿Son éstos los alimentos que queremos consumir?

El apoyo indiscriminado del Gobierno a los cultivos transgénicos está eliminando la libertad de elección de aquellos que quieren hacer una agricultura distinta y apuestan por el único modelo respetuoso con el medio ambiente: la agricultura ecológica.

Por otro lado, cabe afirmar que cada vez la comunidad científica se opone más a los cultivos modificados genéticamente, como ha quedado patente, por ejemplo, en las Jornadas Científicas sobre Transgénicos.

España es el exponente máximo de la agricultura ecológica en la UE y tiene la posibilidad de fortalecer este liderazgo y marcar la diferencia en el buen camino, consiguiendo alimentos de calidad y cada vez más buscados por la población. En materia de transgénicos, nuestro país se está quedando cada vez más aislado e insiste en un modelo cada vez menos aceptado. Países como Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría y Luxemburgo han prohibido el cultivo del maíz transgénico MON810, el mismo que se cultiva en España, y Polonia también lo quiere prohibir. Razones habrán tenido y sus conciudadanos lo agradecen.

Luís Ferreirim (@LFerreirim), responsable de la campaña de Agricultura y Bosques de Greenpeace España

Bajar salarios y destruir derechos sociales, objetivo común de la banca alemana y la derecha española

No es una crisis: es un atraco a mano armada. El multimillonario rescate que pagarán las próximas generaciones de españoles (de los que pagan impuestos, los otros no) tiene como objetivo garantizar que la banca alemana no pierda el dinero que prestó a la española para que todos nadásemos entre ladrillos... baño también de billetes para constructores, banqueros y especuladores de todo pelaje.

Por si quedan dudas, aquí hay un clarísimo artículo al respecto de Vicenç Navarro

Una de las causas de la crisis actual en España es la explosión de la burbuja inmobiliaria. El maridaje entre el capital financiero (banca, cajas de ahorro, compañías de seguros y otras instituciones financieras) y el sector inmobiliario creó tal burbuja. En los últimos diez años se construyeron más viviendas en nuestro país que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania. Y a pesar de esta enorme construcción que supuso casi el 9% del PIB español, los precios se dispararon el 150%, subiendo mucho más rápidamente que los salarios, y ello como resultado de una abusiva especulación. No hay duda de que la banca, las cajas, el Banco de España y las autoridades públicas, tanto españolas, como europeas, eran conscientes de ello. Bastaba con ver un gráfico en el que se comparara la evolución de los precios de la vivienda y de los salarios (la gran mayoría de compradores de vivienda derivan su dinero de las rentas del trabajo), para ver que los primeros crecían mucho más rápidamente que los segundos. La distancia entre los dos precios se intentaba llenar con crédito. Y de ahí el enorme endeudamiento de las familias.

Todo esto era predecible. Y podría haberse visto venir y podría haberse evitado. Pero ni el Banco de España (a pesar del aviso de los técnicos de tal institución), ni el Estado español tomaron ninguna medida. Llevaba razón la Canciller alemana, Angela Merkel, cuando indicaba recientemente que las autoridades españolas habían actuado de una manera irresponsable en los diez últimos años al no haber prevenido la burbuja inmobiliaria basada en mera especulación, y su explosión.

Ahora bien, a Merkel se le olvidó un detalle clave, olvido que le permitió no incluir al gobierno y a la banca alemana en esta crítica de lo que pasó en España. Y el olvido es que la banca alemana jugó un papel determinante en esta explosión inmobiliaria. Gran parte del dinero que alimentaba la explosión inmobiliaria procedía de la banca alemana. En realidad, la explosión de la burbuja inmobiliaria ocurrió cuando la banca alemana interrumpió el crédito a la banca y cajas de ahorro españolas, consecuencia de que la banca alemana atemorizada por su contaminación con productos financieros tóxicos procedentes de la banca estadounidense, paralizó todo flujo de crédito. Y ahí fue cuando el crédito financiero se interrumpió y la burbuja inmobiliaria española explotó creando el enorme parón de la actividad económica y la caída en picado de los ingresos al Estado (tanto central, como autonómico) que creó el déficit público del Estado. Este déficit no lo creó el crecimiento del gasto público, sino el descenso de los ingresos al Estado. En realidad, cuando se inició la crisis, en el año 2007, el Estado español tenía superávit. El déficit público en España no es la causa de la crisis, como Rajoy está diciendo, sino que es al revés, el déficit público es la consecuencia del escaso crecimiento económico y escasos ingresos al Estado.

Todas las medidas de austeridad, recortes incluidos (que representan el ataque más frontal al escasamente financiado Estado del Bienestar en España), están encaminadas a pagar la deuda a los bancos alemanes y de otros países (Francia, Gran Bretaña y Bélgica), los cuales habían conseguido pingües beneficios durante la burbuja inmobiliaria, pingües beneficios que continúan. En realidad, la crisis bancaria de los países periféricos (España, Grecia, Portugal e Irlanda) le está yendo muy bien a la banca alemana, pues hay un flujo de capital (es decir, dinero) de estos países, que huyen de la crisis, hacia el centro, y muy en particular, Alemania. Y los datos hablan por sí solos. Según Josef Ackermann, presidente del Deutsche Bank, los beneficios de tal banco alcanzaron la friolera cantidad de 8.000 millones de euros en el año 2011 (con 8 millones de euros en bonificaciones a tal señor). En realidad, mientras el desempleo alcanzaba cifras más que alarmantes en España (y otros países periféricos), el 50% de la juventud está desempleada, y la sanidad y la educación sufre recortes brutales (y no hay otra manera de decirlo), los beneficios del Deutsche Bank subieron un 67% en tres años (2009-2011), tal como señala Conn Hallinan en la revista CounterPunch (15.06.12) (“Greed and the Pain in Spain”).

Todos los datos muestran claramente que la banca alemana se benefició enormemente de la burbuja inmobiliaria española (y también irlandesa), así como de la crisis financiera de los países periféricos. Los enormes sacrificios de las clases populares se imponen a España y a los otros países periféricos para que se pueda pagar a la banca alemana (entre otros países). Y el famoso rescate financiero de 100.000 millones de euros tiene como objetivo salvar a la banca española, no para garantizar el crédito, que ni está ni se le espera, sino para que pueda pagar sus deudas, también a la banca alemana. Y el instrumento que la banca alemana utiliza para imponer sus políticas es el Banco Central Europeo, que como he indicado en varias ocasiones (ver sección Política Económica en mi blog www.vnavarro.org), no es un Banco Central, sino un lobby de la banca alemana y del Banco Central Alemán, el Bundesbank.

El rescate financiero es la última de muchas otras intervenciones que los economistas de la Comisión Europea, al servicio del sistema financiero europeo, liderado por la banca alemana, están imponiendo a España. Como bien ha dicho el Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaube (contraviniendo a Rajoy), el rescate financiero implicará una supervisión directa por parte del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, de las reformas financieras, así como de las políticas fiscales y macroeconómicas españolas, convirtiendo así a España en una colonia alemana. Y todo ello con la colaboración del gobierno conservador “súper patriota” español.

¿Y por qué tal gobierno colabora con estas políticas que significan una pérdida clara de soberanía? Y la respuesta es clara. Porque utiliza este mandato exterior (argumentando que no hay alternativas) para conseguir lo que siempre ha deseado la derecha en España, es decir, debilitar el mundo del trabajo y privatizar el Estado del Bienestar. Tal gobierno coincide con el objetivo del rescate que queda muy bien definido por las declaraciones del presidente del Banco Central Alemán, Jens Weidmann, quien en dichas declaraciones en El País no puede ser más claro cuando indicó que las reformas deberían acentuar más las reformas laborales (que quiere decir bajar los salarios) y la privatización de servicios (que quiere decir el desmantelamiento del Estado del Bienestar). Así de claro.

Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

En defensa de lo público, y de quienes lo hacen posible

No somos pocos quienes sospechamos que detrás de los recortes que están haciendo trizas el Estado de bienestar y detrás de las políticas de déficit cero impuestas desde el pensamiento neoliberal, con sus vampiros para desangrar pueblos, como podríamos llamarlos inspirándonos en Eduardo Galeano, no hay sólo un desfalco perpetrado por bancos que socializan la factura producida por su insondable codicia en forma de burbuja inmobiliaria. No hay sólo una bancarrota de Estados que dilapidan sus arcas para cubrir los escandalosos balances que a la banca le dejan el ladrillo y las indemnizaciones de sus ejecutivos. Hay una voluntad decidida de acabar con aquello que nos protege de la explotación y de que seamos exprimidos como mera fuerza de trabajo que nutra sus beneficios a costa de nuestras vidas. Una educación gratuita y universal que nos enseñe a ser críticos y a conocer nuestros derechos y nuestro lugar en el mundo, que haga posible el desarrollo de nuestras capacidades, nuestras inquietudes, nuestra aportación a la Humanidad más allá del consumir-producir-consumir. Una sanidad gratuita y universal que nos permita disfrutar de nuestra vida en las mejores condiciones, que no nos obligue a vender nuestra alma al diablo para poder pagar la salud de nuestros seres queridos. Un Estado de Derecho que vele por la justicia, la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos, que garantice nuestro avance como sociedad en términos de buenvivir y del cuidado del medio que acoge nuestra vida, que acote a quienes pretenden imponer la ley del más fuerte.

Decimos esto a colación de un artículo que hemos leído hoy, escrito en defensa de los trabajadores de la función pública. Su autor, Francisco J. Bastida, destaca la labor fundamental del funcionariado en el Estado de Derecho, más allá de la repercusión fundamental de los trabajadores de la educación y la sanidad públicas en el bienestar de la sociedad. Como Bastida, queremos denunciar el absurdo que supone jalear desde la ciudadanía los distintos atropellos que los gobiernos de PSOE y PP vienen cometiendo contra los funcionarios, con bajadas de sueldo y merma de condiciones laborales recurrentes. Defender estas pérdidas de derechos como justas porque los funcionarios gozan de estabilidad en el empleo es tirar piedras contra nuestro propio tejado: es reclamar inestabilidad en el empleo para todos, cuando deberíamos hacer lo contrario. Es matar al mensajero: se ataca a los funcionarios porque es más fácil quejarse de quienes nos atienden en las Administraciones Públicas que de quienes mantienen plantillas irrisorias en servicios responsables de atender a miles de ciudadanos. Porque vemos la cara a quienes prestan servicios a los ciudadanos, pero no a las decenas (y cientos) de asesores de los cargos políticos en los distintos gobiernos locales, autonómicos y estatal. En cualquier servicio público es frecuente escuchar a ciudadanos quejarse de la atención deficiente de los funcionarios, pero no lo es tanto cuestionar los millones de euros que salen de nuestros bolsillos para pagar los gastos suntuarios de quienes supuestamente elegimos en las urnas. Estos, claro está, pasan mucho más desapercibidos, gracias también al silencio que sobre los mismos hacen caer los medios de comunicación al servicio del poder.

Reproducimos a continuación el artículo de Francisco J. Bastida publicado hoy en La Nueva España.

El desprecio político al funcionariado

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.